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Asesoramiento legal completo desde consulta hasta finalización del pleito; recursos y reclamaciones de cualquier índole.

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La Fundación Fernando Pombo impulsó la creación de una red de abogados pro bono de Gómez- Acebo Pombo, que, junto a la Fundación Luz Casanova, han elaborado una guía jurídica sobre las dudas legales más frecuentes en la violencia de género por medios digitales entre adolescentes.
Con ALERTA amplían y refuerzas su oferta de servicios avanzados para la gestión de activos de propiedad industrial e intelectual tras el lanzamiento en 2020 de Safe Evidence,
Los nombramientos se corresponden con los puestos de responsabilidad siguientes a desempeñar o relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración.
EL PSOE y el PP han alcanzado este jueves un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Todavía queda pendiente el Consejo General del Poder Judicial.
El calendario laboral de 2022 recoge un total de 12 días festivos nacionales, uno más que en 2021, de los que sólo 8 se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que este año, según una resolución de la Dirección General de Trabajo publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del apartado segundo de la Orden SND 413/2020, de 15 de mayo, que acortó el periodo de validez de las ITV favorables de vehículos realizadas tras la declaración del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas, al considerar que vulnera el ordenamiento jurídico y el Derecho de la Unión Europea.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 204 votos a favor.
La magistrada titular del juzgado de Familia número de 16 de Zaragoza ha planteado cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 80.6 de Código Foral Aragonés por las “serias y profundas dudas” que se le suscitaron a la hora de decidir sobre las medidas a adoptar sobre la guarda y custodia de los hijos, menores de edad, de una pareja de hecho en proceso de ruptura porque su aplicación podría suponer “una clara colisión con el interés y el beneficio superior de los menores y en consecuencia con preceptos constitucionales”.

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